1. Reconocer la figura profesional del/de la educador/a social en la legislación correspondiente.
2. Promover la educación social como respuesta válida a las necesidades sociales, actuales y emergentes.
3. Introducir al educador/a social como parte del equipo multidisciplinar de los Centros de Acción Social de Castilla y León (CEAS) y en la nueva legislación de Servicios Sociales, actualmente en proceso de creación.
4. Incorporación del Educador/a Social en los centros escolares como un miembro más del claustro escolar: con funciones socializadora, vertebradora y de prevención.
5. Adoptar una posición crítica de denuncia ante las condiciones que vulnera los Derechos Humanos en el mundo y fomentar las acciones efectivas para promover el tejido social.
6. Erradicación de la precariedad laboral, de la que no está exenta la Educadora y el Educador Social.
